Solía presumir de que en Aragón no se daban las corrupciones de otros ámbitos. Mi gozo en un pozo. En esta noticia que saco de EL CONFIDENCIAL está la causa de mi desengaño...
Ninguna comunidad autónoma es inmune a la corrupción. Pero se diría que
algunas, como Aragón, parecen tener las defensas más bajas cuando se trata de
combatir ese virus que penetra todas las terminales del poder. La lista negra de imputados acumula ya más de 70 políticos y
empresarios en una región de sólo 1,3 millones de habitantes gobernada ahora por el PP,
tras 12 años ininterrumpidos de ejecutivos socialistas. Y amenaza con seguir
creciendo.
José Ángel Biel, presidente del Partido
Aragonés (PAR), el socio de gobierno de la popular Luisa
Fernanda Rudi, podría ser la próxima incorporación a ese listado de la infamia. El
sindicato Manos Limpias presentó el pasado viernes una
querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra Biel, que es
además presidente del Parlamento regional, por los presuntos delitos de cohecho
y tráfico de influencias.
La víspera, el pleno de las Cortes de Aragón -el Parlamento autonómico-
aprobó la creación de una comisión de investigación para depurar las
responsabilidades políticas en la construcción y gestión de la Plataforma
Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo escándalo de presuntamalversación de caudales públicos que podría alcanzar los 100 millones de
euros. Y, precisamente, los únicos que evitaron respaldar la propuesta fueron
Biel y el PAR, un partido que gobierna con mano de hierro desde hace 14 años.
Biel justificó su abstención -PP, PSOE, IU y Chunta Aragonesista
votaron a favor- con un argumento nada sofisticado: "Las comisiones de investigación sólo sirven para dar alpiste
a los canarios". En 2011, después de que El Confidencial sacara a la luz una
grabación en la que un colaborador muy cercano de Biel aseguraba que éste se
había embolsado 500.000 euros en comisiones a cambio de favores urbanísticos,
el líder del PAR tampoco pareció inmutarse: "Que diga lo que quiera. Decir
que yo he cobrado comisiones es ciencia ficción".
El epicentro de la corrupción
El llamado caso Plaza marca el epicentro
de la galopante corrupción en Aragón. Pero no es, ni mucho menos, el único. Y el PAR es el ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la
comunidad, un partidobisagra que se dejó querer por
el socialista Marcelino Iglesias, primero, y ahora por
Rudi, con la que firmó en 2011 en Madrid un pacto de gobernabilidad para toda
la legislatura que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.
La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en
2004, cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió
creciendo sin parar hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se levanta a las
afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa, pretendía ser uno de los
motores económicos de Aragón y un proyecto estratégico para el desarrollo de la
comunidad. Pero se ha convertido en un agujero sin
fondo que suma más de 100 millones de euros en pérdidas acumuladas.
)A esos gigantescos números rojos hay que
añadir el saqueo de otros 100 millones de euros -según los cálculos de policías
y jueces- que han sido presuntamente desviados, mediante
sobrecostes y comisiones, a bolsillos que tienen nombres y apellidos. El caso Plaza se tramita, ya despiezado, en ocho causas judiciales distintas que
suman, de momento, 17 imputados. Entre ellos, quien fuera mano derecha de
Iglesias y viceconsejero de Obras Públicas en el último Ejecutivo
socialista, Carlos Escó, y el empresario y
máximo accionista del Real Zaragoza CF, Agapito Iglesias.
El pasado 26 de febrero, un juez de Zaragoza pidió para ambos una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros, que deberán prestar
conjunta y solidariamente con Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza,
la sociedad pública que gestiona la plataforma logística, controlada por el
Gobierno aragonés y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y
CAI. Escó, que fue consejero delegado de Plaza, está casado con Eva Almunia, ex secretaria de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y rival de Rudi en las
últimas elecciones autonómicas.
Escó puso tierra de por medio en 2010, cuando empezó a verle las orejas al
lobo de la justicia, y fichó por Telefónica -uno de tantos políticos al
que la multinacional de César Alierta ha
encontrado acomodo- como responsable de Relaciones Institucionales para
Latinoamérica. Telefónica le mantiene en su puesto, igual que Acciona ha cerrado filas en torno a dos de sus
directivos imputados en la causa, José María
Jordán y Miguel Ángel Bretón. La familia
Entrecanales ha desembolsado las fianzas que les impuso el juez, pese a que
ambos están relacionados con el cobro de trabajos no realizados,
certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes.
Con las autonómicas a la vuelta de la
esquina
El caso Plaza amenaza con envenenar la
campaña electoral de las autonómicas de 2015. Ningún sondeo da a Rudi la
mayoría absoluta en Aragón, y el PAR podría ser un incómodo
aliado para el PP en la próxima legislatura si la telaraña de la
corrupción acaba atrapando a Biel y los suyos. De hecho, una alcaldesa del PAR, Mariví Pinilla, se enfrenta a 37 años de prisión por cohecho,
prevaricación y blanqueo en el llamado caso Molinos, una monumental estafa
urdida en el municipio de La Muela, a 20 kilómetros de Zaragoza, en torno a la
industria eólica.
El caso Molinos, que cuenta ya con 45
imputados, comenzó a fraguarse a mediados de la pasada década, cuando, casi de
la noche a la mañana, La Muela se convirtió en uno de los municipios más ricos
de España gracias a los más de 500 molinos
de viento que surgieron como hongos. Hasta que se destapó la gigantesca
corrupción urbanística que había alentado esemilagro económico. La trama presuntamente encabezada por Pinilla, y en cuyo festín
participaron empresarios con pocos escrúpulos, ha dejado al Ayuntamiento
asfixiado con una deuda de 25 millones de euros y un agujerotributario que roza los 10 millones.
A partir de mañana y hasta el próximo viernes, una docena de altos cargos y
ex altos cargos del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Zaragozadesfilarán por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa para declarar como testigos en una de las muchas ramificaciones del caso Plaza: el desfase millonario en la construcción de unas
naves encargadas por la plataforma logística a la empresa Codesport, propiedad
de Agapito Iglesias. Entre los convocados figura un consejero del Ejecutivo de
Rudi, seis ex consejeros de la etapa del socialista Marcelino Iglesias y tres
concejales del Ayuntamiento gobernado por Juan Alberto
Belloch.
La querella de Manos Limpias contra Biel vincula a éste no sólo con el caso Molinos, sino también con el presunto cobro
de 30 millones de euros en comisiones por la adjudicación de las depuradoras del Plan de Depuración
de Aguas Residuales del Ejecutivo autonómico. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que el sindicato de funcionarios
planea ampliar la querella al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, José María Rivera, primo hermano de Biel.
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