Soy muy escéptico sobre las medidas que se toman para menguar la despoblación, pero quiero pensar que estas iniciativas, teóricas o no, son más que nada...
La Comisión
del Senado inicia ya la preparación de una moción. La directriz demográfica de
Aragón está en información pública. El Parlamento Europeo aguarda el debate de
231 enmiendas0
El debate
sobre la lucha contra la despoblación parece eterno, pero después del verano
tendrán que ponerse sobre la mesa las primeras medidas y también fondos
específicos para combatirla. Es el compromiso adquirido al menos por todas las
instituciones con capacidad económica para hacerlo, desde la estatal y la
autonómica hasta la Unión Europeo. En los tres ámbitos se están debatiendo y
planteando soluciones que tienen que saltar ya de la teoría a la práctica, de
los diagnósticos que son de sobras conocidos a las soluciones, y con ello deben
llegar los fondos para lograrlo.
Fondos y otro
tipo de iniciativas que pasan por cambios legislativos o medidas de
discriminación positiva hacia las zonas rurales despobladas, que es lo que se
plantea desde todos los ámbitos en los que se ha estudiado el problema.
Después de
que en enero de este año en la Conferencia de Presidentes se acordara la puesta
en marcha de una estrategia estatal frente al cambio demográfico, y de que en
junio pasado se presentara en el Parlamento Europeo un informe sobre esa misma
cuestión para su debate y posterior aprobación en pleno, las dos instituciones
de las que depende que pueda haber soluciones se han puesto a trabajar sobre
una problemática que habían ignorado hasta entonces por completo.
Un problema
del que se viene advirtiendo desde hace tiempo, pero al que ni el Estado ni la
Unión Europea han prestado atención hasta ahora. Han sido las Comunidades
Autónomas más afectadas por esta problemática las que han avivado el debate en
los últimos tiempos y han conseguido introducirlo entre las prioridades que
deben abordarse en el horizonte del 2020.
Dentro de esa
agitación, Aragón ha sido uno de los territorios que más ha empujado, y el
acuerdo adoptado en enero de este año por el Gobierno central de elaborar una
estrategia estatal frente al cambio demográfico se debe en buena medida a esa
presión.
Tanto es así
que Aragón es una de las Comunidades Autónomas españolas que más ha avanzado en
la búsqueda de soluciones, hasta el punto de que a principios del año pasado
empezó a elaborar una directriz demográfica y contra la despoblación, que en el
momento actual se encuentra en periodo de exposición pública, y que se espera
aprobar pasado el verano.
La intención
es que la directriz vaya dotada también económicamente, de ahí que se vaya a
aprobar antes de presentarse los Presupuestos de Aragón de 2018. Lo mismo
debería ocurrir con la estrategia estatal, para lo que se ha creado un
Comisionado especial.
En este
último caso se va con el tiempo más ajustado. La comisionada del Gobierno para
la elaboración de una estrategia que haga frente al cambio demográfico,
Edelmira Barreira, reconoció recientemente en Teruel que desde el Estado el
trabajo se ha iniciado este mismo año, cuando así se acordó en la Conferencia
de Presidentes.
No parece por
tanto que tengan validez para el Estado los dos informes que hizo el Senado
hace dos legislaturas, donde se detallaban ya con todo lujo de detalles las
iniciativas que deberían ponerse en marcha para hacer frente a este problema.
Compromiso
Antes de que
acabe el año el compromiso de la comisionada es presentar esa estrategia
estatal para hacer frente no tanto a la despoblación en el medio rural, sino de
forma más amplia al fenómeno que está copando ahora el debate, el denominado
cambio demográfico.
Son dos
cuestiones relacionadas pero que pueden desviar la atención del fenómeno sobre
el que se lleva tiempo advirtiendo en el medio rural. Por cambio demográfico no
se entiende solo la despoblación en los pueblos, sino el cambio de tendencia
demográfica, también en las grandes ciudades, y cómo eso afecta a la prestación
de servicios y al mantenimiento de logros del Estado del bienestar como las
pensiones.
Precisamente
la comisión especial creada en el Senado en esta legislatura se denomina así,
sobre la evolución demográfica en España. Se aprobó su creación en la Cámara
Alta a finales del año pasado, antes de que en la Conferencia de Presidentes se
acordara la elaboración de una estrategia estatal, si bien sus trabajos no se
iniciaron hasta después.
La última
ponente en intervenir dentro de esta comisión fue la comisionada del Gobierno
frente al reto demográfico y ahora se va a empezar ya a trabajar en una moción
para su aprobación en el pleno del Senado.
Así se abordó
esta semana en la reunión de la mesa y junta de portavoces de la comisión
especial, de la que es portavoz del grupo parlamentario socialista la senadora
turolense Perla Borao.
No se va a
presentar por tanto un informe como ya se hizo en las dos comisiones
anteriores, sino que directamente se va a elaborar una moción en la que se
instará al Gobierno a que adopte una serie de medidas para hacer frente a la
problemática que se ha abordado en los debates.
Según se puso
de manifiesto en la reunión de la mesa de la comisión el pasado miércoles, la
intención es llegar al consenso entre todas las fuerzas políticas para que se
apruebe por unanimidad y el Gobierno tome nota de las medidas que deben
tomarse.
La senadora
turolense Perla Borao indicó ayer que por su parte va a incidir en la
problemática de la despoblación en el medio rural, para que este fenómeno que
afecta especialmente a la provincia de Teruel no se difumine.
De momento se
ha encargado a los miembros de la comisión que presenten de aquí a fin de mes
sus aportaciones para fundirlas en la moción que se elabore. La intención es
que lleve un argumentario y después se incluyan una serie de propuestas y
medidas, más genéricas o más concretas, para que el Gobierno ponga en marcha.
En este caso
el reto no es tanto demográfico como de tiempo, puesto que a finales de
septiembre, como es habitual, está previsto que el Gobierno presente el
proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año para su
aprobación antes de que finalice el ejercicio.
Para esa
fecha es prácticamente imposible que se haya aprobado la moción en comisión
para llevarla al pleno, con lo cual el proyecto presupuestario llegará antes de
que se conozcan las propuestas del Senado. Otra cosa es que desde el
Comisionado especial se ilustre al Ejecutivo sobre las posibles medidas a tomar
con el fin de que incluya ya partidas para ello.
Perla Borao
aseguró que la impresión que tiene por los debates que ha habido en comisión,
es que el resto de partidos, aparte del grupo socialista, también están por la
labor de establecer mecanismos con los que hacer frente al problema de la
despoblación.
En esa línea
irán las enmiendas del PSOE, anunció Borao, en el sentido de que luchar frente
al reto demográfico es “fundamental”, pero el núcleo de todo es la
despoblación, que es contra lo que había que tomar medidas y ese es nuestro
espíritu”.
Desde el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón también se sabrá después del verano las
líneas de trabajo que se van a desarrollar y las medidas a adoptar. En realidad
ya se conocen puesto que la directriz demográfica y contra la despoblación que
ha elaborado el Departamento de Vertebración del Territorio se ha hecho con la
participación de todos los aragoneses.
Actualmente
el documento se encuentra en exposición pública, hasta mediados del verano, con
la intención de que en septiembre pueda iniciarse ya el proceso para su
aprobación. En marzo y abril la directriz fue sometida a un proceso de
participación ciudadana en el que colectivos y particulares pudieron dar su
opinión sobre el documento y hacer aportaciones.
En la
directriz se plantean medidas concretas y otras más genéricas, algunas de las
cuales precisan de la dotación de fondos específicos, mientras otras son más de
corte legislativo y otro tipo de medidas consistentes en la discriminación
positiva para los territorios despoblados, como beneficios fiscales y otro tipo
de bonificaciones.
La intención,
según manifestó en su día el Gobierno de Aragón, es que en los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de 2018 figuren ya partidas concretas para empezar a
aplicar las medidas que se consideren necesarias desde la región.
Otra cosa
será las que se impulsen desde el Estado central o en el seno de la Unión
Europea. En el primer caso el problema es que el Gobierno no se puso a trabajar
en esta cuestión hasta principios de este año y lleva retraso. El foro de
regiones con desafíos demográficos acumula ya tres años de trabajo, mientras
que el Gobierno de Aragón empezó a elaborar su directriz a principios del año
pasado.
No obstante,
después de que se aprobaran los dos informes sobre despoblación elaborados por
el Senado en 2015, en el debate de los PGE de 2016 la oposición ya planteó una
enmienda para dotar de partidas a esta estrategia cuando todavía no lo era por
parte del Estado, pero en cambio tenía ya un mandato de la Cámara Alta al que
hizo caso omiso. Los PGE no recogieron partida alguna y tras el bloqueo
institucional por las dificultades de formar gobierno en 2016, y la ausencia de
partidas específicas en los presupuestos de este año contra la despoblación, se
han perdido dos ejercicios. Sería vital por tanto que en los de 2018 se reserve
ya algún fondo a la espera de concretarse las medidas de la estrategia estatal
frente al cambio demográfico.
Mientras en
España se trabaja en estos ámbitos, el debate ha entrado ya de lleno en el
Parlamento Europeo, y será también después del verano cuando se concrete a raíz
de la propuesta de resolución presentada en junio en la Comisión de Desarrollo
Regional por la eurodiputada socialista Iratxe García.
Al informe de
Socialistas y Demócratas se han presentado 231 enmiendas, que empezarán a
debatirse en septiembre. Si no surgen contratiempos, la resolución que
finalmente se acuerde deberá aprobarla el pleno de la Eurocámara a finales de
año.
De salir
adelante sería un paso importante para conseguir que después de 2020 la despoblación
sea reconocida como un factor a la hora de recibir fondos estructurales. No
obstante, su inclusión en el marco financiero plurianual de la UE a partir de
2021 dependerá en última instancia de lo que decidan tanto la Comisión Europea
como el Consejo Europeo.
Fuente: EL
DIARIO DE TERUEL, 16/6/2017
